Las expulsiones de 1492 y 1609: religión, política y la búsqueda de la unidad en la Monarquía Hispánica
Las expulsiones de 1492 y 1609: religión, política y la búsqueda de la unidad en la Monarquía Hispánica
Introducción
Pocas decisiones de la historia
española han sido objeto de tanta controversia como las expulsiones de judíos y
moriscos, entre las más sonadas.
Y es que en el imaginario moderno se les asocia a una España
intolerante o retrógrada, por mencionar algunos calificativos, sin embargo,
tales interpretaciones suelen ignorar el contexto geopolítico, religioso y
social del siglo XV y XVI. Porque el contexto es importante además de tener
claro que no debemos ver la historia con ojos del presente.
La unidad política y espiritual del reino era entonces un objetivo esencial
para los Reyes Católicos y sus sucesores, quienes entendían que la cohesión
religiosa equivalía a la estabilidad política. Las expulsiones no fueron,
por tanto, actos de odio étnico, ni racial o identitario, sino medidas de
Estado en una época en que la religión era el eje estructurador del poder y
la identidad colectiva.
La expulsión de los judíos en 1492 y la de los moriscos entre 1609 y 1614 constituyen dos de los episodios más debatidos de la historia de España
Contexto y causas de la expulsión de los judíos (1492)
En el tema judío hay que destacar
que no fue único de España –quizá uno de los países donde más tarde se les
expulsó- y fue un tema muy meditado y debatido. Así, el Edicto de Granada,
firmado el 31 de marzo de 1492 por los Reyes Católicos, ordenó la salida de los
judíos que no aceptaran la conversión al cristianismo. Es importante señalar
que no se trató de una medida repentina, sino del desenlace de un
proceso largo y complejo.
En este sentido, durante la Edad Media, la presencia judía en la Península
había sido constante y, en muchos casos, próspera. Sin embargo, la fractura
social generada por las conversiones masivas que hubo en el siglo XIV creó
una nueva categoría: los conversos o cristianos nuevos, muchos de los
cuales continuaban practicando el judaísmo en secreto (criptojudíos). Esto generó desconfianza y derivó en conflictos
sociales, exacerbados por rivalidades económicas y tensiones religiosas, en
muchos casos.
En 1478 se instaura el Tribunal del Santo Oficio de la
Inquisición, fundado por los Reyes Católicos y controlado por la corona, que tenía
el objetivo precisamente de controlar y perseguir estas prácticas clandestinas para
preservar la ortodoxia. Finalmente, tras la toma de Granada y la culminación de
la unidad territorial, los Reyes Católicos decidieron unificar también el
ámbito religioso, entendiendo que la permanencia de comunidades no
cristianas suponía un obstáculo para la cohesión del reino.
No obstante, el edicto ofrecía dos opciones. Por
un lado, la conversión al cristianismo, con la conservación de bienes y
derechos o, por el otro lado, la salida del territorio, llevando consigo sus
pertenencias. Muchos eligieron convertirse y otros, alrededor de 100.000,
marcharon hacia Portugal, el norte de África o el Imperio Otomano, entre otros
lugares.
Es crucial subrayar que España no fue la primera ni
la única en expulsar a los judíos, como se ha mencionado. En este caso,
Inglaterra lo había hecho en 1290, Francia en 1306 y 1394, y varios estados
alemanes e italianos también habían tomado medidas similares, entre otros
tantos ejemplos. Y es que el hecho de que se insista en la singularidad
española responde, más a menudo, a lecturas ideológicas que a la realidad histórica
comparada.
la permanencia de comunidades no cristianas suponía un obstáculo para la cohesión del reino
La expulsión de los moriscos (1609-1614)
Un siglo y poco después nos
encontramos con otro problema similar, los moriscos. El problema de los moriscos
—descendientes de musulmanes convertidos tras la caída del Reino de Granada en
1492— se había convertido en una cuestión de Estado.
Aunque oficialmente cristianos, muchos mantenían sus costumbres, lengua y
religión en secreto, formando comunidades cerradas especialmente en el Reino
de Valencia, Granada y Aragón. Ello favorecía algaradas,
discrepancias, revueltas sociales….
La Rebelión de las Alpujarras (1568-1571) fue
el primer gran síntoma del conflicto. En plena política de asimilación
promovida por Felipe II —que prohibía el uso del árabe y las vestimentas
tradicionales—, los moriscos se alzaron en armas. La revuelta fue sofocada con
extrema dureza por los tercios españoles bajo el mando de don Juan de
Austria.
A pesar de la victoria, la desconfianza persistió ya que se temía que, en caso
de invasión otomana o berberisca, los moriscos pudieran actuar como quinta
columna dentro del territorio peninsular, como puente.
Sin embargo, a pesar de ello, será durante el reinado
de Felipe III, y bajo la influencia del duque de Lerma, cuando se
decidió la expulsión progresiva de los moriscos entre 1609 y 1614, iniciándose
en Valencia. A diferencia del caso judío, esta expulsión fue total y no se
ofreció la opción de permanecer mediante conversión, ya que la mayoría lo eran
ya nominalmente.
Las consecuencias económicas fueron graves, sobre todo
en el Levante, donde los moriscos constituían buena parte de la mano de obra
agrícola.
El problema de los moriscos —descendientes de musulmanes convertidos tras la caída del Reino de Granada en 1492— se había convertido en una cuestión de Estado
Conclusiones
Las expulsiones de 1492 y 1609 deben
entenderse en su contexto político y religioso, no desde los valores del
siglo XXI. Ambas respondieron a una concepción del Estado que equiparaba unidad
religiosa con unidad nacional y que consideraba la diversidad confesional
una amenaza potencial para la estabilidad, en un tiempo donde la religión era
el vínculo con el pueblo.
Reducir estos hechos a actos de racismo o fanatismo es desconocer el marco
mental de la época, en el que la religión no era una elección privada, sino
un elemento estructural del orden social.
España, al igual que otros reinos europeos, actuó
movida por la lógica de su tiempo, es decir, la de la unidad frente a la
disgregación. Las expulsiones, con sus luces y sombras, formaron parte de
ese proceso de consolidación del poder político y de la identidad cultural de
una monarquía que aspiraba a ser una y católica.
En definitiva, no se trató de “odio”, sino de razón
de Estado en un mundo en el que la religión, la política y la seguridad
formaban un todo inseparable.
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